El nuevo marco regulatorio para las energías renovables que el Gobierno está poniendo en marcha para fijar su política en este campo está chocando frontalmente contra los intereses de las empresas medianas y de los inversores. Primero fue el el sistema de subastas elegido para fijar el nuevo régimen económico de estas energías el que no convenció a las empresas promotoras. Ahora ha sido la normativa sobre acceso y conexión a la red de suministro y transporte, por añadir una nueva condición para admitir la retirada de los avales que, en alguna situación, supondría que al promotor se le devolviera el 80% del total de la garantía presentada en lugar de la totalidad.

El pasado 17 de julio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó la norma de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Una norma que “pinchó” la denominada burbuja especulativa que crecía de manera exponencial sobre los puntos de conexión de las plantas de energía renovable a la red de suministro. Sin embargo, ahora, ha añadido una nueva condición para la admisión de retirada de avales: que la solicitud se presente en nudos en los que la capacidad de acceso existente otorgable sea nula. La controversia ha vuelto a renacer.

“De aprobarse dicha medida de manera definitiva, amén de crear un agravio comparativo arbitrario, obligaría en la práctica a los desarrolladores a asumir una penalización injusta que, sin duda, repercutirá en su cuenta de resultados y en el interés por acometer nuevos proyectos”, señala Lamberto Camacho, consejero de Ibox Energy, una compañía fotovoltaica que cuenta con 1,2 GW de capacidad en España en más de 50 proyectos distribuidos por todo el territorio nacional.

Es importante tener en cuenta que los avales suponen 40.000 euros por MW solicitado para conectar a un punto de acceso. Solo se podrá recuperar el 100% si el solicitante acredita que el día de constitución de la garantía en la plataforma web del gestor de la red correspondiente, constase a las 8 de la mañana la existencia de capacidad que pueda ser concedida.

Algunos bufetes de abogacía de negocios, como Herbert Smith Freehills, cree que esta decisión deja en muchos casos a los promotores en manos de la diligencia de la Administración. Algunas comunidades autónomas se han manifestado incompetentes para dar el visto bueno a solicitudes cuando existen otras, referidas a instalaciones de la misma tecnología y no necesariamente próximas, que comparten el mismo titular real último y han transferido la responsabilidad a la administración central. El despacho considera que esta

situación puede acabar demorando en el tiempo la decisión final y haciendo caducar los derechos de los promotores y pronostica batallas legales entre éstos y las administraciones públicas.

Más capacidad de la necesaria

A 31 de octubre de este año, la cifra de nuevas plantas de renovables (eólica y fotovoltaica) con derechos de acceso concedidos ascendía a 121,7GW, según datos de Red Eléctrica; otros 47,6 GW estaban en tramitación. Este volumen supone más que duplicar las necesidades de abastecimiento en España en la próxima década. El Ejecutivo tomó una decisión adecuada en junio, al ofrecer la ocasión a los promotores de retirarse y recuperar los fondos que entregaron como avales en la solicitud de puntos de acceso. De este modo, se logró la cancelación de proyectos por una capacidad equivalente a 40 GW. Pero ahora ha añadido esa nueva condición, que algunos entienden como una incautación parcial.

El otro foco de la polémica son las subastas. El Gobierno ha aprobado recientemente el nuevo marco para las futuras instalaciones de energías renovables, en el que los participantes en las subastas ofertarán el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que generan en sus instalaciones. Antes de la subasta se establecerá el cupo de energía o potencia objeto de la misma y los participantes realizarán ofertas en sobre cerrado, adjudicándose a la de menor cuantía hasta alcanzar el cupo establecido.

José Donoso, director general de Unión Española Fotovoltaica (UNEF), piensa que las subastas “son buenas en sí mismas. Son una oportunidad de participar en el mercado para todos los actores”. En su opinión, “lo importante es que, en el futuro, se convoquen también subastas para proyectos pequeños. Queremos que a plantas de menos de 10 megavatios se les reserve un 20% de la potencia, para que los pequeños promotores también puedan participar y no solo las empresas grandes”.

Para Lamberto Camacho, el procedimiento de subastas tiene un claro inconveniente derivado de las conexiones a la red, que en el pasado originaron una fuerte especulación ante la limitada capacidad que hay en la misma. “Había mucha especulación y se negociaba con los puntos de conexión ya concedidos sin que, en muchos casos, se hubiera siquiera realizado la explanación de los terrenos”. El consejero de Ibox Energy cuestiona también su eficacia: “Un mercado que se apoye de manera fundamental y, únicamente, en subastas, no es real, porque el natural para el sector de renovables está formado por offtakers privados”.

Ibox Energy pondrá en funcionamiento en las próximas fechas su primera planta en la localidad cordobesa Posadas, con 50 megavatios de potencia, a la que seguirá la de Manzanares (Ciudad Real), con 90 megavatios.

Un informe elaborado por AleaSoft Energy considera que la energía de origen fotovoltaico es una tecnología plenamente competitiva en el mercado eléctrico y los objetivos fijados por el PNIEC son alcanzables sin la necesidad de subastas. Para esta consultora, un abuso de las subastas podría llevar a distorsiones claras en los precios del mercado y sería una señal que desincentivaría la inversión en nuevas instalaciones renovables. Su máximo responsable, Antonio Delgado, considera que “el mercado eléctrico funciona mejor cuanto más liberalizado y menos intervenido esté. Las subastas de capacidad renovable introducen ruido en un mercado que funciona por sí solo y se autorregula. Con las subastas, en el mercado estarán compitiendo instalaciones de generación 'merchant' (directas a mercado, sin ninguna ayuda), con instalaciones que tendrán un sistema de retribución fuera del mercado. Esto lo distorsiona; no crea señales de precios robustas y genera desconfianza en los inversores”.

José Donoso, de Unef, no piensa que el actual marco regulatorio desincentive a los inversores, “porque ya no se trata de subvencionar su uso, sino de abaratar el precio de la energía eléctrica a los consumidores y hoy la tecnología ha permitido que la fotovoltaica sea la forma más barata de producir energía. Es donde hay que invertir”.

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